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Por Frederick Xavier Rodríguez-Castro

A poco más de un año de las elecciones en Puerto Rico, se experimenta un acelerado giro ideológico marcado por la subordinación del Estado a los intereses de un sector cristiano particular. El partido anexionista abandonó su carácter centrista y, en las pasadas elecciones, se inclinó hacia un fundamentalismo político-teológico que reconfigura políticas públicas a favor de estos grupos. Con el objetivo de obtener o conservar el poder, se han concedido privilegios so excusa de “libertad religiosa”.

La prensa, con falta de precisión conceptual, denomina a estos grupos como “sector religioso”, como si existiera un único sujeto homogéneo y confesionalmente cristiano. Esto revela cuán arraigada sigue la vieja cristiandad colonial incluso en discursos que pretenden objetividad. Así, voces pentecostales —particularmente líderes de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico (FRAPPE)— han logrado hacerse pasar por la representación oficial de “la religión”, invisibilizando comunidades enteras: cristianos históricos y liberales, judíos, musulmanes, budistas, religiones afrocaribeñas, espiritualidades indígenas y personas seculares. Lo que se presenta como “la voz de la fe” es, en realidad, la voz de un ecumenismo pentecostal. Frente a ello, existen expresiones plurales como la Mesa de Diálogo Martín Luther King Jr., organización laica que articula valores del Reino de Dios en favor de las necesidades del país mediante marchas, talleres, programas sociales, acompañamiento comunitario, defensa de migrantes, publicaciones académicas y proyectos de equidad. Esta diversidad religiosa desmonta la narrativa de un único sujeto cristiano dominante.

Las nuevas políticas públicas evidencian tres problemas centrales. Primero, el Estado modula su ideología para conservar el poder, ofreciendo privilegios a grupos fundamentalistas para asegurar votos y legitimidad moral. Segundo, esta alianza invisibiliza a cristianos divergentes y a comunidades no cristianas, violando el principio constitucional de igualdad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado. Tercero, promueve una teología exclusivista y moralista que representa un retroceso hacia la cristiandad.

La neutralidad estatal queda comprometida cuando la simbología gubernamental —como la toma de posesión, la redacción de leyes dirigidas a un sector cristiano específico o la promoción de una cultura cristiana en los textos escolares— transmite la idea de que unas confesiones son más bienvenidas que otras. Leyes como la Ley 14-2025 (Derecho Fundamental de la Libertad Religiosa), la Carta Circular 008-2025-2026 del Departamento de Educación y la Ley 143-2025 favorecen explícitamente los intereses de grupos fundamentalistas. Estas medidas permiten la entrada de ministros cristianos en hospitales durante emergencias, abren espacios para el adoctrinamiento en escuelas públicas y penalizan la interrupción de “cultos cristianos”, incluso en espacios públicos compartidos.

La justificación de estas medidas se construye mediante categorías como “persecución cristiana”, narrada en prensa cristiana fundamentalista como “guerra espiritual contra la Iglesia”. Sin embargo, en una investigación reciente de nuestra autoría, presentada en VII Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores/ras en Espiritualidades y Religión (2025), se demuestra que sectores de la Iglesia De Dios Pentecostal Movimiento Internacional y la FRAPPE han desarrollado una campaña durante dos décadas para intervenir en la moral pública desde el miedo apocalíptico, la demonización de políticas progresistas y una noción rígida de familia. Cartas oficiales enviadas a gobernadores y legisladores entre 2003 y 2023 denunciaban como “inmorales” iniciativas sobre equidad de género, cannabis medicinal, derechos reproductivos o nombramientos de figuras LGBTTQ+ al poder judicial. Estas intervenciones, basadas más en opinión que en argumentación teológica rigurosa, buscaron moldear la política pública desde una moral sectaria.

No existe evidencia científica que sustente que las políticas públicas puertorriqueñas hayan perseguido al cristianismo. No obstante, la jurisprudencia, evidencia discriminación contra religiones no cristianas. La exposición de motivos de la Ley de Libertad Religiosa afirma que el problema radica en “intervenciones gubernamentales discriminatorias” y que la ley busca aclarar las interpretaciones que deben hacer sobre el derecho constitucional. Por consiguiente, es  una interferencia legislativa y ejecutiva en la interpretación constitucional, invadiendo funciones propias de la rama judicial y debilitando la separación de poderes con relación a la separación entre Iglesia-Estado.

Es posible que, como ha ocurrido en Estados Unidos, estos grupos busquen revertir jurisprudencias históricas utilizando la narrativa de la “persecución” para legitimar privilegios. Sin embargo, si alguna religión domina los espacios públicos y privados en Puerto Rico —templos, emisoras, canales, colegios— es precisamente el cristianismo en su diversidad. La supuesta persecución no es más que una ficción para fortalecer hegemonías. Este intento de homogeneizar la espiritualidad puertorriqueña contradice la historia religiosa del país, marcada por catolicismos populares, pentecostalismos, religiones afrocaribeñas, espiritualidades indígenas, movimientos místicos y una creciente población no religiosa. Gobernar como si Puerto Rico fuera confesionalmente homogéneo es gobernar desde la exclusión.

Frente a este panorama, la teología de las religiones con enfoque pluralista ofrece una respuesta crítica. Esta corriente reconoce que ninguna tradición religiosa posee el monopolio de la verdad moral y que la diversidad religiosa es constitutiva de la experiencia humana. En un Estado laico, las políticas públicas deben garantizar igualdad entre confesiones, no privilegios confesionales. Si el Estado adopta las categorías morales de un solo sector, viola la Constitución y el pluralismo religioso como búsqueda de convivencia, justicia y dignidad.

Desde mi hermenéutica, el mandamiento del amor al prójimo precede incluso al amor a Dios: solo encontramos a Dios en la experiencia concreta del prójimo. La 1 Carta de Juan formula esta lógica mediante la pregunta retórica: ¿cómo amar a quien no se ve si no se ama a quien está presente? Este principio neotestamentario desmantela la pretensión de superioridad moral fundamentalista. Jesús, antes de resucitar como Cristo, invirtió el orden religioso-político de su tiempo, separando lo espiritual del gobierno y denunciando estructuras opresivas. Su clave hermenéutica es clara: el amor al prójimo orienta toda ley. Mientras Jesús desafió leyes injustas en favor de los marginados, los grupos fundamentalistas hoy exigen obediencia bíblica selectiva, descontextualizada y ajena al espíritu evangélico. La moralidad cristiana se reduce, en sus manos, al cumplimiento rígido de textos aislados, ignorando que Jesús priorizó la dignidad humana —el enfermo, el pobre, el extranjero, el marginado— por encima de la ley escrita.

El conflicto religioso-político en Puerto Rico no se reduce a conservadores versus liberales. Es la instrumentalización de una narrativa religiosa para controlar la moral pública, consolidar poder y subordinar la pluralidad a la homogeneidad. Este momento histórico exige una teología política que denuncie la ficción de la persecución cristiana, visibilice la riqueza plural y desmantele la categoría colonial de “la religión” como sinónimo de cristianismo pentecostal.

Frederick Xavier Rodríguez-Castro es investigador, historiador y teólogo puertorriqueño. Candidato a doctorado en Teología en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.